Aprobación de la medidas sociales en defensa del empleo.

 La persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación
de emergencia sanitaria causada por la Covid-19 exige mantener las medidas
excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
en sus artículos 22 y 23, relativos a las suspensiones y reducciones de jornada por causa
de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas
con la COVID-19, así como las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en
materia de protección por desempleo y cotizaciones.
La posible evolución de la pandemia y el ritmo al que la actividad recupere la total
normalidad, el daño que pueda haberse producido en el tejido productivo y el potencial de
crecimiento, son circunstancias a tener en cuenta.
Las medidas laborales tomadas desde el inicio de esta crisis debido a las medidas de
confinamiento y restricciones que se adoptaron para hacer frente a la emergencia sanitaria
provocada por la COVID-19, se han traducido en una menor caída del empleo que la que
cabía esperar ante la reducción del PIB, atendiendo a la relación existente entre ambas
cifras en periodos precedentes de crisis.
Toda la normativa adoptada por causa del COVID-19, cuyo pilar o eje fundamental
está constituido por las medidas de flexibilidad interna, ha tenido y tiene como objetivo
estabilizar el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y de la capacidad
productiva del tejido empresarial y flexibilizar los mecanismos precisos, evitando cargas
adicionales innecesarias. Todo ello, además, acompasado con la capacidad de respuesta
necesaria ante las medidas preventivas necesarias y las decisiones, especialmente en
materia sanitaria, que pudieran ser acordadas, en su caso, por las autoridades
competentes.