El análisis sectorial realizado en el informe de la FIDH muestra que sigue existiendo una gran brecha entre las políticas y prácticas de derechos humanos de las empresas y el impacto sobre los titulares de los derechos sobre el terreno.
Para rectificar estas discrepancias, los indicadores sociales y de derechos humanos utilizados al analizar las empresas de sus carteras no deberían evaluar exclusivamente si las empresas tienen políticas, códigos de conducta de proveedores/as y otros compromisos en esa materia. Quienes invierten deben encargarse de evaluar la congruencia de las políticas y las prácticas.
El informe también muestra que el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil y defensa de los derechos humanos llevan a cabo documentando, defendiendo y litigando contra las empresas por los abusos que se producen en sus operaciones y cadenas de suministro, desempeña un papel fundamental de vigilancia y hace que las empresas pongan en marcha políticas, programas y procesos específicos para prevenir y mitigar los impactos sobre el terreno.